Academia Mexicana de Ciencias
Boletín AMC/020/14
México, D.F., 20 de enero de 2014

• Hay problemas en la formación de los profesionales del derecho que pueden retrasar significativamente su desarrollo, dice el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

El doctor José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias.
Foto: Cortesía. Paulette González/SCJN.
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Las reformas constitucionales en materia de derechos humanos introducidas en junio de 2011 a la Constitución son una de las transformaciones más trascendentes en el orden jurídico mexicano en sus 200 años de existencia. Sin embargo, esta transformación mantiene aún a los derechos humanos en un discurso de posicionamiento y de celebración cuando ya es necesario convertirlos en categorías jurídicas, pues como objeto jurídico tienen que transformarse para que cumplan con su propósito.

Y como elemento fundamental para que ese Artículo Primero, el de los Derechos Humanos y sus Garantías, se convierta en una realidad, es imprescindible la inmersión de los abogados en este tema, pues son quienes tienen que desarrollar el orden jurídico en tanto son intermediarios entre los miembros de la sociedad y los órganos del Estado.

Lo anterior formó parte de los planteamientos del doctor José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, durante la conferencia “Derechos humanos y la profesión jurídica”, dentro del ciclo México ante sí mismo. Escenarios y encrucijadas, en la sede de Flacso México.

El especialista en derecho constitucional comenzó su exposición reconociendo el interés que provoca saber cuáles son las actuales relaciones entre los abogados y los derechos humanos, un tema que a su juicio está muy poco estudiado y desarrollado.

“Lo que los abogados hacemos una vez en la práctica y con el entrenamiento que se nos da, es establecer formas muy complejas, en ocasiones muy sofisticadas, para tratar de formalizar una gran cantidad de relaciones sociales. El derecho formaliza las relaciones sociales, las categoriza socialmente y, desde luego, lo hace también para efectos jurídicos”, dijo.

Estimó que la operación de los abogados se puede ver como una acción neutra: lo que los propios abogados hacen es reproducir las condiciones establecidas en el orden jurídico -órdenes jurídicos buenos producirían normas jurídicas buenas y ordenes jurídicos malos producirían normas jurídicas malas-, porque serían solo instrumentales a la creación de las normas.

El asunto nodal que observa el ministro Cossío Díaz en la relación de los derechos humanos y la profesión jurídica a la luz de la reforma al Artículo Primero constitucional es que si por un lado los abogados son vehículos, desarrolladores del orden jurídico, y por otro lado están los derechos humanos que solo pueden desarrollarse a través de los abogados en tanto son intermediarios entre los miembros de la sociedad y los órganos del Estado: “(…) los abogados se vuelven elementos esenciales en la construcción de los derechos humanos. De otra forma resulta sumamente complicado que estos derechos se puedan desarrollar como si fueran elementos de la naturaleza, porque están concebidos en la Constitución para hacerlos desarrollar de manera técnica (jurídica), esto significa que esto sea factible a través de los abogados”.

Cossío Díaz explicó que en términos reales resulta complicado que los miembros de la sociedad que no tienen los conocimientos técnicos y sobre la operatividad del derecho, pueda presentarse a tratar de desarrollar los propios derechos humanos, porque desconocen las formas de manifestación, de construcción, de plasmación, de realización, de operación de esos propios elementos normativos, que son los derechos humanos, para lograr su misma realización.

Desde su punto de vista, aun cuando sea interesante, complejo y cargado de formas, no va ser posible que el Artículo Primero se convierta en una realidad, en elemento de constitución de convivencia social, si no se logra la inmersión de los abogados en operaciones cotidianas de ese tipo.

Al panorama anterior, el ministró agregó dos aspectos negativos en relación con la profesión de abogado. Una, el sistema por el que la Secretaría de Educación Pública da reconocimientos de validez oficial a los estudios profesionales. “Hoy en el país nadie sabe las cifras, porque a lo mejor en estos momentos que estoy hablando ya se crearon nuevas escuelas de derecho, pero hay alrededor de 2 mil 200 escuelas en la materia, lo que indica que hay una explosión incontrolada”.

En segundo lugar señaló que la profesión no tiene un sistema de colegiación obligatoria, de tal forma que cualquier persona puede salir al ejercicio profesional una vez que haya obtenido un título y la correspondiente cédula. “Y con esto lo que se entiende es que el mejor estudiante de la mejor institución y el peor estudiante de la peor institución tienen exactamente el mismo certificado y la misma posibilidad de ejercer”.

Los que ya están en la profesión y tienen tiempo en ella, tampoco tienen un sistema de certificación de sus comportamientos ni de sus conocimientos, a diferencia de otras profesiones como la de médico; de tal forma que un alumno que sale de una escuela buena o mala obtiene su cédula, sale a la vida, empieza a operar con los intereses de las personas a través de cualquier operación jurídica (un proceso o un contrato) con estos bajísimos niveles de exigencia profesional en el estudio, en la colegiación y en la certificación cotidiana.

Adicionalmente, José Ramón Cossío dijo que hay un problema más y es que el ejercicio profesional de los abogados está oculto, al existir muy pocos libros sobre sociología de la profesión, al no haber análisis y medición de la misma, por lo que sugirió llevar a cabo tesis en estos campos del conocimiento para obtener esta información.

“Si no reflexionamos sobre la manera en que los abogados se pueden convertir en un vehículo para el desarrollo de los derechos humanos esto puede tardar muchos años, o de plano frustrarse en el propio camino”, dijo.

Admitió que los abogados “tenemos problemas con los derechos humanos”, porque se les sigue considerando como objeto de culto y no como algo que debe ser operativizable, por lo que tienen que convertirse en categorías jurídicas para que logren los propósitos contenidos en ellos.

“Otro factor: lo que hacemos hoy en día es seguir con un discurso de posicionamiento a favor de los derechos humanos y de celebración -de que ya llegaron estos derechos-, pero tenemos muy muy poco discurso jurídico. Ahí la profesión está todavía en un momento de celebración por la conquista, pero no hay una transformación y esto no se está incorporando en los procesos”.

José Ramón Cossío subrayó que es muy importante entender que los derechos humanos en tanto objeto jurídico con independencia de otros valores tienen que transformarse, y con la actual situación que tiene la profesión se puede retrasar significativamente su desarrollo.

Fabiola Trelles Ramírez