• Domingo, noviembre 23, 2014

NIÑOS EN LA CÁRCEL: SIN DELITO Y CASI SIN DERECHOS

Academia Mexicana de Ciencias
Boletín AMC/086/12
México, D.F., 29 de abril de 2012

  • Ninguna cárcel para varones cuenta con los espacios y las instalaciones, como guarderías, para el cuidado de los menores
  • No hay cifras exactas sobre la población infantil que vive en las prisiones
La Dra. Elena Azaola Garrido, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC).
La Dra. Elena Azaola Garrido, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC).
Foto: AMC

Los niños que crecen en la cárcel no tienen garantizados sus derechos y son una población altamente vulnerable. En México, la infancia no ha sido, hasta ahora, una prioridad, señaló la doctora en Antropología Social y Psicoanalista, Elena Azaola Garrido.

La también miembro de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), habló del decreto presidencial que se emitió hace un par de meses, en el cual se establece que los niños, hijos de madres que se encuentran en situación de cárcel, podrán permanecer en esta institución hasta los tres años de edad.

Sin embargo, no se ha dotado a las prisiones de los recursos específicos para que estos infantes puedan estar en condiciones dignas y se les hagan efectivos, entre otros, sus derechos a la salud, la alimentación, la educación, la recreación y la convivencia en un ambiente sano e higiénico, dijo.

De las 10 mil 619 mujeres que forman parte de la población penitenciaria en el país, se calcula que en promedio cada mujer tiene dos hijos, no todos ellos menores de edad, por lo que se trata de, aproximadamente, 15 mil niños afectados por tener a su madre en prisión. Sólo una minoría de ellos vive con sus madres en la cárcel, informó la científica social.

“No tenemos datos precisos de cuántos niños viven en las prisiones porque no hay quien registre este dato, habría que ir a cada cárcel del país para conocer este dato”, aseguró Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

Con una larga trayectoria de investigación en temas relacionados con establecimientos penitenciarios, delincuencia y violencia, narró que el decreto no precisó o dejó fuera diversas situaciones, como la de ofrecer una oportunidad similar a hombres que se encuentran en prisión y no tienen quién se haga cargo de sus hijos, por ejemplo.

En el país, subrayó, existe la costumbre de pensar que sólo la madre se hace cargo de los hijos y hasta ahora ningún centro penitenciario de varones cuenta con los espacios y las instalaciones como guarderías para el cuidado de los niños.

Al hablar de los menores de edad con madres en prisión, insistió en que los esquemas de indefensión de los infantes son preocupantes pues, en el mejor de los casos, quedan en manos de familiares, o bien son enviados a instituciones de asistencia social públicas o privadas. Sólo en una minoría de casos permanecen con sus madres, pero en condiciones sumamente precarias que no aseguran el cumplimiento de derechos, cuestión que tampoco resuelve el reciente decreto presidencial.

“La institución carcelaria en México no ocupa un lugar de importancia en el esquema social de contención y lucha frente al incremento de la criminalidad, y mucho menos se piensa en los niños que acompañan a sus madres en esta situación”, insistió.

La provisión de servicios básicos dentro de las prisiones, el mantenimiento de la higiene y la seguridad, así como los programas de rehabilitación se encuentran en un estado de profundo deterioro. De hecho, las cárceles de mujeres son una especie de anexo o añadido a las de los hombres y ahora los niños pasarán a ser una especie de anexo o añadido a las de mujeres. Es por ello que el tema continúa abierto a pesar del decreto presidencial, manifestó.

Ley General de Protección Integral de la Niñez

Sobre la Ley General de Protección Integral de la Niñez, que legisladores y funcionarios del gobierno federal insisten en aprobar, así como las reformas a la actual Ley de Asistencia Social, desafortunadamente, expresó, tampoco garantizan el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Esta Iniciativa no prevé que la población infantil y de adolescentes tienen diferentes necesidades, cada sector es distinto, y si bien es cierto que muchos niños requieren de la asistencia social, muchos otros demandan otras cosas.

Precisó que colocar todos los temas relacionados con los derechos y la protección de la infancia dentro de las atribuciones del DIF, es darle más competencias a una institución que, desafortunadamente, ha sido debilitada y sobrecargada, por lo que resultaría más conveniente crear un instituto específico para los temas relacionados con infancia y adolescencia.

“Se ve a la infancia sólo como sujetos de asistencia social, sin tomar en cuenta todos los derechos de los niños y adolescentes en su integralidad y sin tomar en cuenta la diversidad de poblaciones infantiles y de adolescentes. Tampoco se tomó en cuenta la opinión de los especialistas y de las organizaciones que trabajan con diversas problemáticas relacionadas con la infancia y que tienen un saber acumulado de muchos años sobre estos temas”, destacó.

Azaola Garrido aseguró que el porcentaje de recursos y la manera como se emplean, por ejemplo, los que se destinan a la educación con los deficientes resultados que conocemos, deja en claro que la infancia no constituye una prioridad en nuestro país.

De la misma manera, si se analizan los recursos que durante los últimos años se han destinado a las políticas y las instituciones de seguridad, también uno puede constatar que las necesidades de los niños y adolescentes no ocupan un lugar prioritario y que más bien pensar en el desarrollo del país y de la infancia han pasado a un segundo plano.

“Hay poblaciones absolutamente vulnerables cuyas necesidades no están siendo visibilizadas ni atendidas. Urge crear programas de atención para los niños que han quedado huérfanos como resultado de la guerra en contra del crimen organizado”, señaló.

Para concluir, reflexionó que, para poder celebrar a la infancia, es necesario garantizarle el cumplimiento pleno e integral de sus derechos y asegurarnos que la infancia y la adolescencia ocupen el lugar central en todas las políticas y en todos los programas de gobierno, como lo deberían ocupar.

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