En el segundo dí­a de discusión del caso, las posturas de los ministros se fueron a extremos opuestos: para unos representan un riesgo y para otros el retirarlos serí­a un acto discriminatorio

Alejandra Cortés Silva, investigadora del Instituto de Geografí­a de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), propone implantar un sistema de de infiltración que permita recargar los pozos acuí­feros con agua de lluvia, garantizando así­ un nivel de calidad permisible en su manejo.

El debate sostenido en la Suprema Corte de Justicia en torno a si se acepta o no el amparo interpuesto por 11 miembros del Ejército infectados con el virus del VIH para evitar su despido del servicio, puso de manifiesto hasta qué punto en temas como este subsisten profundos desacuerdos, muchas veces fundados en simples lugares comunes ajenos al pensamiento cientí­fico e, incluso, al razonamiento jurí­dico que deberí­a guiar al máximo tribunal.

El criterio de la Secretarí­a de la Defensa Nacional (Sedena) acerca de que los soldados contagiados con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) o enfermos de sida deben ser dados de baja por inutilidad, es “injustificable” y viola derechos fundamentales a la salud, a no ser diferenciado y a no ser parte del Ejército, sostuvo el ministro José Ramón Cossí­o Dí­az.

El ministro Mariano Azuela, desechó los argumentos cientí­ficos y tratados que presentaron sus compañeros, porque desde su perspectiva, el servicio del Ejército es, en pocas palabras, estar disponible las 24 horas del dí­a.

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