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El País
29 de septiembre de 2011
Salvador Camarena

El presidente trata de aprovechar una argucia legal para frenar cualquier posible iniciativa de los Estados mexicanos en favor de legalizar la interrupción del embarazo

En el programa con el que Felipe Calderón se presentó a las elecciones presidenciales de México en 2006, la palabra aborto no existe. El documento sí plantea, en cambio, que el actual presidente promovería “políticas públicas y programas en materia de educación sexual y de prevención de embarazos no planeados que respeten el derecho a la vida desde el momento de la concepción”. ¿”Prevenir embarazos no planeados” equivale a condenar a la mujer que ya tiene uno a que se quede así, incluso cuando sea producto de una violación? Al parecer, la respuesta de Calderón es que sí, al menos a la luz de lo visto en los últimos días, jornadas en las que el mandatario encabeza una ofensiva para que la interrupción del aborto esté prohibida en México.

El choque legal en torno al aborto comenzó cuando los Estados de Baja California (norte del país) y San Luis Potosí establecieron que el “derecho a la vida” comienza en el momento mismo de la concepción cuando los dos eran gobernados por el conservador Partido Acción Nacional (PAN), al que pertenece el presidente Calderón. Esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha discutido dos acciones de inconstitucionalidad presentadas por quienes creen estos Estados fueron más allá de sus competencias. El debate ha rebasado los muros del juzgado y al mismo se ha sumado el propio presidente Calderón y su esposa, Margarita Zavala. Las legislaciones de los Estados en esta materia se sustentan en el llamado Pacto de San José (1981), según el cual México puede legislar excepciones en la protección del “derecho a la vida”. El movimiento del presidente Calderón consiste en pedir al Senado que elimine esa declaración.

Para echar abajo la ley antiabortista de Baja California, aprobada en 2008 y que protege al individuo “desde el momento en que es concebido y se le reputa como nacido para todos los efectos legales”, la Corte necesitaba de mayoría calificada: 8 de los 11 magistrados. En la tercera ronda de debate, llevada a cabo este miércoles, sólo siete ministros apoyaron el dictamen que invalidaba la legislación estatal. Sin ganar, la minoría conservadora logró que la acción de inconstitucionalidad fuera desestimada por la Corte, con ello queda como estaba la ley antiabortista del Estado.

La ley de Baja California es solo una de las 18 legislaciones que surgieron como contraofensiva a la ley del aborto que aprobó la Ciudad de México en agosto de 2008, que permite la interrupción del embarazo hasta antes de la 12ª semana de gestación. Tras esa histórica reforma en la capital mexicana, y de manera casi silenciosa, los 18 estados del país endurecieron sus leyes para resguardar el llamado “derecho a la vida”.

Calderón pide al Senado que limite la libertad de los Estados para legislar el aborto

Los cambios en las legislaturas locales no hubieran sido posibles sin el apoyo explícito del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que rompió con su raíz laica y decidió abrazarse a la causa de la derecha y pasar cada una de esas leyes prácticamente sin debate en cada caso. En todo ese tiempo, el PRI estuvo dirigido por Beatriz Paredes, señalada hoy como precandidata de su partido a la alcaldía del Distrito Federal en 2012, el territorio más avanzado del país.

Si esas 18 legislaciones locales se quedan como están, tal como establece la Corte Suprema, las consecuencias van más allá del embarazo y alcanzan a campos como los métodos anticonceptivos e incluso la reproducción asistida.

La Corte Suprema rechazó actuar contra las leyes antiabortistas

El abogado Alejandro Madrazo Lajous, promotor de la acción de inconstitucionalidad, explicó el lunes que tanto en el uso del dispositivo intrauterino (DIU) como en los procesos de fertilización in vitro, por citar ejemplos, podría caerse, de considerar que cada óvulo fecundado es una “persona”, en casos de homicidio. Esto daría lugar a preguntarse, por ejemplo, si al impedir que un óvulo fecundado se implante (por medio de un DIU), o si durante un proceso de fertilización in vitro si se desechan óvulos fecundados, se estaría incurriendo en asesinato.

La ley del aborto del Estado de México fue contestada con leyes antiabortistas en otros 18 Estados

La Academia Mexicana de Ciencias levantó la voz ante la ola de antiabortismo y sostuvo que los preceptos que defienden esos 18 estados significan “en lo científico, una incompatibilidad flagrante entre el concepto moderno, multifacético y complejo de lo que es un ser humano y la simplista, arbitraria y poco informada definición de vida humana”.

Martha Lamas, presidenta de Grupo de Información en Reproducción Elegida, una de las más prestigiadas organizaciones sobre derechos de la mujer, declaró a EL PAÍS que el “debate público ha sido muy positivo”. En su opinión, “esta no resolución por parte de la Corte lo que va a provocar es postergar una decisión más fuerte. Pero lo que sí es una muy mala señal es el involucramiento del presidente Calderón. Es una falta de respeto a la división de poderes y, me parece, un acto de fanatismo. Recuerdo una frase del filósofo inglés Richard Hare que dice que el fanatismo es ‘la actitud de quien persigue la afirmación de los propios principios morales dejando que éstos prevalezcan sobre los intereses reales de las personas de carne y hueso, al mismo tiempo que permanece indiferente frente a los enormes daños que su actuación ocasiona a millones de seres humanos”.

Como era previsible, distintos senadores de la República ya se han pronunciado en contra de la petición que les hiciera Calderón sobre el Pacto de San José, propuesta que difícilmente tendrá éxito a pesar de que su partido es la primera minoría en el Senado, que regula la política exterior mexicana. ¿Por qué Calderón, que nunca se había manifestado sobre una cuestión a debate en la Corte, decide tomar el liderazgo en el tema del aborto justo ahora? Una respuesta la aventura el analista José Carreño Carlon en una columna aparecida este miércoles en El Universal: “Con estos costos y riesgos, es en la obsesión electoral que domina la agenda presidencial donde podría esperar alguna ganancia de su esta operación. El tema cohesiona al PAN y divide al PRI y al PRD. Y todo apunta a la intención de integrar a las campañas la presión del Ejecutivo y su partido —con la jerarquía católica y otras voces conservadoras— para que el Senado remueva el obstáculo de la declaración interpretativa mexicana en el Pacto de San José, a fin de propiciar una legislación nacional que establezca el derecho a la vida desde la concepción y las consecuentes penas para la interrupción del embarazo. Victoria pírrica a la vista”.