La información publicada aquí es responsabilidad del medio al que se hace referencia.

La Jornada de Oriente
26 de agosto de 2011
ARTURO ALFARO

Puebla – Salud

“Desde el comienzo del siglo XX, al término de la Revolución, los gobierno mexicanos, y en específico los gobernadores de los estados, han estado vinculados a las organizaciones de traficantes de fármacos prohibidos en el país”, aseveró el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Luis Astorga.

El integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) ofreció anoche la charla denominada “Tráfico de drogas y política en México” como parte del ciclo de conferencias que se organiza en las instalaciones de la Aduana Vieja, a propósito del 20 aniversario de fundación del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP).

Durante casi dos horas, el historiador hizo un amplio recuento del origen del narcotráfico y los cárteles en México, desde 1920, cuando se establecieron las primeras leyes prohibitorias en el país sobre el cultivo y la comercialización de la marihuana, el opio, y la amapola, principalmente, bajo el argumento de “degenerar la raza”.

Destacó que durante el gobierno de Lázaro Cárdenas se creó la Oficina de Campaña contra el Alcoholismo y otras Toxicomanías, que fue fundado y coordinado por el destacado investigador Leopoldo Salazar, quien a finales de la década de los años 40 propuso crear clínicas de tratamiento financiadas por el Estado para atender a los adictos.

Con la creación de las clínicas también se buscaba romper la principal fuente de ingresos de las agrupaciones de traficantes, los adictos.

Dicha postura, enfatizó, estaba adelantada a esos tiempos que se vivían en México, pues incluso Holanda retomó la idea de Salazar 30 años después.

No obstante, dijo que al gobierno de Estados Unidos no le gustó la propuesta y pidió la destitución de Leopoldo Salazar de dicho organismo. Como medida de presión levantó un decreto de embargo al país de medicamentos narcóticos que en México no se podían cultivar.

Desde entonces, comentó, “México nunca volvió a confrontarse con Estados Unidos sobre el tema”.

En la amena plática destacó que históricamente la clase política mexicana y los narcotraficantes han tenido una relación de facto, porque la delincuencia organizada necesita protección, no tiene cuadros políticos y no está formando políticos.

El traficante de drogas en México, expuso, es una categoría social que empieza a cobrar forma a principios de este siglo, pero sobre todo a partir de los años veinte, cuando son promulgadas las leyes que prohíben el cultivo y la comercialización de la marihuana (1920) y la adormidera (1926), y continúan las interdicciones para la importación ilegal de cocaína y algunos opiáceos.

Astoga explicó que existe una generación de pactos entre las diferentes organizaciones de traficantes que han ampliado su radio de operación al incursionar en otros delitos como el secuestro, el tráfico de órganos y de indocumentados, con miras a lograr una mejor posición de poder.

Dada la próxima reconfiguración política del país, el integrante de la Academia de la Ciencia aseveró que “México podría vivir un escenario en el cual se privilegie la corrupción en detrimento de los niveles de violencia”.

Tal situación destacó que “no sólo no consolidaría la democracia, sino que fortalecería un sistema de poder autoritario”.

Frente a este escenario, Luis Astorga comentó además que la sociedad civil se encuentra fragmentada y débil, pues consideró que la gente ilusa cree que al dejarlos tranquilos para que no sean tan violentos van a vivir mejor; sin embargo, consideró que la población no debe quedarse cruzada de brazos, “la sociedad debe organizarse y presionar para romper el oligopolio partidista.

Lo anterior tras hacer un mapeo por donde se transportan los fármacos, y que causalmente son gubernaturas y municipios que están siendo administrados, en su mayoría por el PRI y el PAN, como es el caso de las entidades del norte del país, y quienes gobiernan las costas de México.

Basándose en datos oficiales, comentó que actualmente el PRI gobierna 15 estados y 921 municipios; más cuatro gobiernos en alianza con el Verde Ecologista de México; en tanto, el PAN administra seis entidades, y 488 localidades; el PRD cuatro estados, y 286 municipios, y la coalición PAN–PRD tres estados.