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Radio Fórmula
8 de agosto de 2008
Notimex

México.- A casi un año de aprobada la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas persisten la pobreza, discriminación y marginación, dijo Rodolfo Stavenhagen, ex relator especial para los Derechos Humanos de este sector.

En el marco de la celebración del Día Mundial de los Pueblos Indígenas, este 9 de agosto, expuso que aún existen altos grados de exclusión social, marginación política, discriminación y pobreza, así como bajos índices de desarrollo social y humano en este sector de la población.

Destacó la necesidad de que los gobiernos que apoyaron la declaración aprueben legislaciones internas, sobre todo en sus sistemas de administración de justicia, y así llevar a cabo políticas a favor de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos y de los individuos indígenas.

Consideró que si bien tradicionalmente esos grupos han sido ignorados como entidades culturales identificadas, con características propias dentro de los conjuntos nacionales, es un avance que después de 20 años de negociaciones y debates se haya adoptado esa declaración.

El también profesor-investigador emérito del Colegio de México e integrante de la Academia Mexicana de Ciencias mencionó que aunque no sea un tratado vinculante jurídicamente, sí es una declaración vinculante política y moralmente, que obliga a los Estados miembros de la ONU a aplicarla y a cumplirla.

En la actualidad se está en esa etapa en el mundo y, por supuesto, en México, de cómo hacer que los gobiernos cumplan con estos derechos, señaló Stavenhagen.

En un comunicado, destacó la importancia de la declaración en el sentido de que recoge las demandas y exigencias de los pueblos indígenas y especifica sus derechos a la libre determinación, sobre la tierra y los recursos, a la cultura y la educación y a sus propias formas de justicia y de resolución de conflictos.

En el caso de México, el ex relator de la ONU consideró que aún falta mucho para aplicar la reforma constitucional de 2001. “Una cosa es lograr que haya una buena y efectiva legislación en el papel y otra que esto se traduzca en prácticas efectivas de respeto a los derechos humanos”.