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La Crónica de Hoy
27 de enero de 2012
Juan José Huerta

Juan José Huerta | Opinión

Por diversas causas, razones, explicaciones, la sociedad mexicana ha perdido en los últimos años lo que toda comunidad aprecia más: la seguridad, en sus multifacéticos aspectos, económica, laboral, alimentaria y, por supuesto, contra el crimen y la impunidad. Causas: el gran déficit en la creación de empleos, la baja de ingresos, la desigualdad social, y la rigidez de la política gubernamental para contrarrestar esos flagelos; una desorientada estrategia de lucha contra la delincuencia, con el prohibicionismo obsoleto como base; la corrupción y la pérdida de valores, todo lo cual constituye un caldo de cultivo para el extravío de principios sociales fundamentales.

Es urgente que aprovechemos este 2012 para rescatar lo perdido; aunque estamos en año electoral, no debe ser un programa partidario o faccioso sino un verdadero esfuerzo nacional, que reconozca los errores o las fallas, provengan de quien o donde sea, y que se aplique con denuedo a corregirlas y a reorientar el rumbo de la república.

Por supuesto, un factor contra la seguridad económica ha sido la Gran Recesión Mundial desatada en 2008 y de la que todavía no acabamos de salir, que ha afectado señaladamente a Estados Unidos y, por tanto, con un grandísimo impacto en la creación de empleos bien remunerados en México, ya sea por la baja en exportaciones a ese país o por la paralización de la migración de jóvenes mexicanos que, hasta en un número de 500 mil al año, se iban a trabajar allá, aligerando el mercado laboral aquí. Obviamente no ayuda una doctrina económica del gobierno mexicano que con rigidez y falta de imaginación no se ha atrevido a echar a andar un magno programa compensatorio de reactivación y de creación de empleos, porque se preocupa más por “mantener equilibradas las grandes variables macroeconómicas”, o por la “reforma laboral” para flexibilizar aún más el mercado de trabajo, en tanto que desperdicia miles y miles de millones de pesos en vacua propaganda oficial o en obras, programas y monumentos ridículos.

Igualmente, una política económica anacrónica de dejar hacer-dejar pasar, con el consecuente descuido al campo, provoca la pérdida de la seguridad alimentaria, como advierten los expertos en el tema de la Academia Mexicana de Ciencias: “México importa 67.9% del arroz que consume su población; también importa el 42.8% del trigo, 31.9% del maíz y 8.2% del frijol…se importa 40% de la leche que consumimos, 53% de la carne de aves, 68% de la carne de res y 78% de carne de cerdo”. (“México, a punto de perder la soberanía alimentaria”, reportaje de Antimio Cruz, La Crónica, 19en12).

El librecambismo a ultranza provoca, como dice el especialista Arnulfo R. Gómez, “nefastos resultados para México al no haber un proyecto nacional de desarrollo ni de promoción de exportaciones realista. Así, en los últimos 10 años hemos retrocedido enormemente en materia de competitividad, como economía mundial, como país exportador y como destino de la inversión extranjera, lo que se traduce en enorme déficit en la de creación de empleos y muy reducida creación de riqueza en nuestro territorio convirtiéndonos en un país maquilador sin posibilidad de añadir valor en la reexportación de insumos extranjeros que importamos temporalmente en forma creciente”. Podrá México ser el quinto exportador mundial de automóviles, pero habría que ver el minúsculo porcentaje de los mismos que es realmente manufacturado aquí.

Eso no ha sido todo; también han contribuido a la pérdida de seguridades para el común de los mexicanos la concentración de la riqueza y el consecuente incremento de la desigualdad entre los diversos sectores sociales. Dice la CEPAL: “es un desafío tratar de entender por qué en México la inequidad en la distribución del ingreso no sólo es elevada sino también persistente”; así, a pesar de que la ubicación global de México ya encarece el costo de vida sustancialmente, los salarios promedio en país son bajos a nivel internacional: “el Departamento del Trabajo de Estados Unidos hace un seguimiento de los costos laborales comparativos en 31 países, considerando tanto los salarios directos como otros costos en los que incurren las empresas, como los pagos de la seguridad social o impuestos específicos que el patrón debe cubrir por contratar…México está en el penúltimo lugar de esa lista, sólo adelante de Filipinas (Enrique Quintana, Reforma, 17en12). Mientras tanto, la concentración oligopólica de los conglomerados industriales, comerciales o financieros del país les produce ganancias extraordinarias, en detrimento del ingreso de los consumidores.

El Premio Nobel de Economía, Paul Krugmann, insiste en que “Keynes estaba en lo cierto”, para urgir que las políticas económicas aplicadas por los gobiernos en esta etapa de crisis se enfoquen a resolver la severa falta de trabajos remunerados para la gente, en lugar de concentrarse en “las variables macroeconómicas”, como el no tener déficit fiscal, a pesar de que en su país, Estados Unidos, el presidente Obama emitió en 2009 una Ley de Recuperación y de Reinversión para estimular la economía estadunidense (New York Times, 29di11). Aquí en México el gobierno no se atrevió y prefirió dejar al libre mercado la recuperación, con los resultados previsibles que vemos: economía equilibrada sí, pero que apenas genera la mitad de los trabajos necesarios. Nuevamente ahora, el presidente Obama, en su “mensaje sobre el estado de la Unión” de esta semana, aboga porque la intervención gubernamental sirva para equilibrar las desigualdades económicas y sociales entre los estadunidenses, cuya mayoría, dijo, “llamarían (a esto) sentido común”.

Aún más lo afirmaríamos los mexicanos; las personas, especialmente los jóvenes, sin trabajo y sin seguridad económica son muy fácilmente atraídos por las ganancias fáciles de la delincuencia, sobre todo si al mismo tiempo se insiste en una política prohibicionista de las drogas al lado del mercado de consumidores de estupefacientes (y de vendedores de armas) más grande del mundo. Tanto se insiste en el prohibicionismo que, en lugar de aligerarlo como se recomienda por muchos expertos, el presidente Calderón acaba de proponer al Congreso una iniciativa para penalizar uso y venta de otros cuatro psicotrópicos, en seguimiento acrítico, otra vez, de medidas similares tomadas en Estados Unidos y Europa.

Que la estrategia de lucha contra el crimen no funciona como se debe; que, al contrario, los mexicanos sentimos que hemos perdido la seguridad contra la delincuencia, esta comprobado. “El sexenio de Felipe Calderón será recordado como ´trágico´ por el incremento de violencia, de muertes, de inseguridad, y el restablecimiento de prácticas violatorias a derechos humanos que se pensaban cosa del pasado, como las ejecuciones extrajudiciales y la tortura”, afirma nada menos que Raúl Plascencia, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Agréguese a ello todas las fallas en el sistema de impartición de justicia y la impunidad consecuente en el castigo a los delitos (como describen senadores mexicanos en reportaje de Blanca Estela Botello, “El Poder Judicial no es confiable”, La Crónica, 26en12), o la dantesca situación en que vive la generalidad de los presos en las cárceles mexicanas, donde se siguen retacando a miles de delincuentes sin que disminuyan los índices nacionales de delitos nefandos. O las oportunidades perdidas para las Fuerzas Armadas de México y para el pueblo en general por tenerlas permanentemente ocupadas en labores policíacas (y hasta de agentes de tránsito) en lugar de lo que les es consustancial; ¿qué tanto podrían haber aportado contra la hambruna o el éxodo 50 mil soldados y marinos si se hubieran movilizado tempranamente en auxilio de los cientos de municipios afectados por la sequía; cuántos miles de reses pudieran haber sido salvadas al llevarles agua con operaciones logísticas apropiadas?

Sí, es urgente recuperar las seguridades que hemos perdido, con un esfuerzo nacional no partidario, no faccioso, con participación de todos los sectores sociales, en donde también sea parte esencial la reorientación, autónoma, dictada por ellos mismos, de los medios de comunicación, especialmente de la televisión, hacia la promoción de los mejores valores de convivencia y solidaridad social; que sus telenovelas y programas abandonen los bajos fondos a que han llegado. Y con una apertura del gobierno del presidente Felipe Calderón al reconocimiento de posibles fallas o errores de política, en lo que ojalá sea un inicio la declaración ayer del secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, de que el gobierno de México “está abierto al escrutinio público en materia de derechos humanos y a atender recomendaciones, críticas y señalamientos de los distintos organismos sobre la base de información sólida, consistente y verificable”. Esto es mucho mejor que un conflicto perenne con Human Rights Watch.

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